septiembre 2008


El Congreso de la República declaró hoy la vacancia del cargo de congresista que ejercía la señora Fabiola Salazar, fallecida el 18 de setiembre, según una resolución publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En ese sentido, ofició al Jurado Nacional de Elecciones para que, de conformidad a la legislación vigente, emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República.

Esta curul, extraoficialmente, sería ocupada por Eduardo Peláez Bardales, quien en los pasados comicios generales fue candidato con el número uno en la lista del partido de gobierno por Amazonas.

La resolución lleva la rúbrica del presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén; y del primer vicepresidente del Legislativo, Alejandro Aguinaga. (LA REPUBLICA)

 

El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, informó que el Ministerio de Justicia designará próximamente al procurador que estará a cargo de los temas sobre Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que contribuirá en la lucha contra el crimen organizado.

 

“La posición del MinJus y del Estado es combatir el crimen organizado y la lucha anticorrupción. La implementación de esta nueva procuraduría contará con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para la Lucha contra la Droga y el Delito (ONUDD), además de los recursos que el Estado destinará para este tipo de trabajo”, resaltó.

 

Reyna detalló que esta nueva Procuraduría Pública Ad Hoc para temas relacionados a la Pérdida de Dominio, no abordará los delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo, razón por la cual el trabajo del nuevo Procurador será complementado con el realizado por los procuradores del Ministerio del Interior, Sonia Medina (narcotráfico) y Julio Galindo (terrorismo).

 

“La decisión del Ministerio de Justicia, como política de estado, es combatir el crimen organizado y la corrupción y maximizando recursos”, subrayó.

 

El viceministro explicó que este procurador se sumará a los procuradores Ad Hoc Carlos Briceño (caso Fujimori-Montesinos) y Gino Ríos (actos de corrupción de funcionarios 2001-2011). Adicionalmente, existe un subsistema anticorrupción desplegado a nivel nacional que desempeñan los procuradores públicos anticorrupción descentralizados, el único de su tipo en Latinoamérica.

 

182 MILLONES DE DÓLARES REPATRIADOS

El viceministro informó también que se ha logrado la repatriación de 182 millones de dólares provenientes de actos de corrupción vinculados el régimen de Alberto Fujimori y que quedan por repatriar aproximadamente 27 millones de dólares, para lo cual, el Poder Judicial y los abogados del Estado trabajan coordinadamente.

 

Reyna informó también que a través de los procuradores el Estado ha logrado cobrar casi dos millones de soles en vía civil por concepto de reparación civil y confirmó que queda por cobrar 421 millones de nuevos soles y que desde la Presidencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado se ha planteado su cobro como el objetivo principal del trabajo de las procuradurías.

 

EVALUACIÓN DE PROCURADORES

En otro momento, Reyna recordó que la ministra de Justicia, Rosario Fernández, informó que el 28 de diciembre del presente año entrará en vigencia el DL 1068 que norma la Defensa Jurídica del Estado, el cual permitirá evaluar el trabajo de las procuradurías.

“Estamos recopilando información de las diferentes procuradurías públicas para potencializar las áreas que así lo ameritan y evaluar su gestión a fin de poner en conocimiento de los titulares de los diferentes sectores la eficacia de la labor que vienen realizando”, señaló.

 

Detalló que el tema del cobro de reparaciones civiles en favor del Estado es una variable para clasificar la labor de los procuradores públicos aunque hay caos donde hay procesos bastante complejos.

 

AHORRO

Por otro lado, Reyna reiteró que el reajuste presupuestal del sector Justicia no afectará la labor no los servicios que brinda el MinJus, pues se continuará fortaleciendo el trabajo de los abogados de oficio y procuradores a nivel nacional y no se reducirá su número, pues con su trabajo se benefician principalmente personas de escasos recursos económicos.

 

La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) abrió hoy proceso disciplinario a tres vocales de la Sala Penal Nacional por no haber resuelto, hasta el momento, si acogen la apelación que busca que los presuntos secuestradores del joven André Casalino, regresen a prisión.

Los jueces del colegiado “A” de la Sala Penal Nacional que serán procesados son Luz Victoria Sánchez Espinoza, María Jimena Cayo Rievra-Schereiber y Cayo Alberto Rivera Vásquez.

A ellos se les imputa actuar irregularmente por no resolver a la fecha las apelaciones que se interpusieron contra la liberación del secuestrador Pablo Agustín Gallegos Ortega, (35), alias “Pablito”, presunto cabecilla de la banda que secuestró a Casalino Tejada y Lisbeth Alfonso Lévano.

Estas liberaciones fueron ordenadas en primera instancia por el juez Edilberto Castañeda Pacheco del 50 Juzgado Penal de Lima, pero luego se presentaron las apelaciones correspondientes para que regresen a prisión, decisión que aún no se adopta por la falta de celeridad de los magistrados.

“Tal situación estaría originando una grave afectación a la tramitación del proceso judicial, pues no es posible determinar si finalmente los procesados Pablo Gallegos Ortega, José Antonio Martín Díaz Castro y Lizbeth Alfonso Lévano, van a afrontar el proceso penal en la condición de procesados con mandato de comparecencia o con restricciones”, señala la resolución de Ocma.

El Poder Judicial y el Ministerio Público de Perú remitieron a la Fiscalía Federal de Florida, en Estados Unidos, información sobre las cuentas bancarias y financieras del sentenciado traficante de drogas Fernando Zevallos, en el marco del proceso que se le sigue en ese país por lavado de activos proveniente del narcotráfico.

El 52 Juzgado Penal de Lima y el titular de la Fiscalía Antidrogas, Iván Quispe Mansilla, reunieron la documentación requerida y dispusieron la entrega de esta información, previa traducción al idioma ingles, precisaron fuentes de la institución fiscal peruana.

Estos despachos judiciales obtuvieron inicialmente la información financiera de Zevallos Gonzales cuando le abrieron sus cuentas hace dos años, mientras era investigado por lavado de activos.

Tras tomar conocimiento de esta información, la Fiscalía Federal de Florida solicitó al Perú la documentación, puesto que el ex dueño de la desaparecida empresa AeroContinente también es investigado en ese país por lavado de activos producto del narcotráfico.

Las autoridades peruanas también remitieron información sobre la esposa de este procesado, Sandra Elisa Sánchez Galdós, quien también es investigada en ese país por estos delitos.

El contenido de la documentación enviada a Estados Unidos se mantiene en reserva, debido a la complejidad del caso.

La Fiscalía Federal de la Florida investiga a estas personas por violar la Ley Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (en inglés Kingpin Act) del año 1999 al crear dos empresas falsas para comprar dos casas en la ciudad de Coral Springs.

La denuncia que recae en su contra en ese país es por conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero proveniente de esa actividad.

Esa instancia fiscal estadounidense, al presentar su imputación, describe al ex dueño de la desaparecida empresa AeroContinente como “un notorio y violento traficante de la droga que opera en el Perú desde 1980 y que actualmente está en prisión desde donde seguiría dirigiendo sus negocios ilícito

El Estado peruano formalizó su pedido de repatriación, ante las autoridades de Estados Unidos y Luxemburgo, de los fondos existentes por más de un millón y medio de dólares que el ex ministro fujimorista Víctor Joy Way habría depositado en entidades bancarias de esos países.

Estas solicitudes se formalizaron a pedido de la Unidad de Reparación Civil y Estrategia Financiera de la Procuraduría Anticorrupción.

La defensa del Estado peruano precisó a Andina que las cuentas halladas en bancos de Estados Unidos a nombre de Joy Way ascienden a aproximadamente un millón 600 mil dólares.

En el caso de las cuentas en Luxemburgo, aún se desconoce a cuánto ascendería actualmente la suma inicial detectada, pues se habría incrementado por los intereses generados durante más de diez años.
 
La Unidad de Reparaciones Civiles y Estategia Financiera de la Procuraduría Anticorrupción, que dirige la abogada Sonia Nieto, señala que el dinero habría sido obtenido ilícitamente por el ex ministro fujimorista de las comisiones ilegales que se le entregaron por las compras irregulares de medicinas y tractores chinos, en las cuales participó en el periodo de 1994 a 2000.
 
Por estas adquisiciones irregulares, Joy Way fue condenado por los delitos de cohecho y defraudación tributaria en 2005 a ocho años de prisión, pena que ya cumplió el 29 de agosto pasado.
 
Joy Way, quien ocupó diversas carteras ministeriales durante el gobierno de Alberto Fujimori, estuvo recluido en prisión desde setiembre del 2001, tras descubrirse precisamente que había depositado millonarias cuentas en bancos del extranjero como Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo.
 
Posteriormente, el 29 de agosto de este año fue excarcelado tras cumplir su pena, pero al no haber pagado la reparación civil que debe, por más de 11 millones de nuevos soles, es necesario continuar con  el rastreo de sus bienes, señaló la abogada de la procuraduría.

El ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Carlos Iván Degregori, se viene presentando hoy en el juicio que se le sigue al presidente Alberto Fujimori.

Degregori fue convocado a pedido de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, para que explique sobre el trabajo realizado por esta Comisión que se encargó de recoger información sobre la lucha contra el terrorismo, las muertes y los responsables de estos actos durante el periodo de 1980 al 2000.

En su Informe Final, la CVR concluyó que quedó constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República.

La CVR estimó que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas.

La CVR constata que, si bien el ex presidente Fujimori ganó las elecciones de manera regular, “a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se convirtió en un gobernante autoritario que buscó permanecer en el poder consolidando una autocracia corrupta”.

Señala además que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas.

Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR.

 (AGENCIA ANDINA)

Un equipo técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana habilitó una comisaría en el centro poblado de La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno), donde habitan más de 35 mil pobladores.

El grupo de trabajo, enviado por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, también instaló en dicha zona, ubicada a 5,200 metros sobre el nivel del mar, el primer Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

La instalación de la sede policial y del comité distrital de Ananea, se realizó como parte de una serie de actividades que incluyeron desde el último sábado, una audiencia pública, una campaña de atención social, y reuniones de trabajo con las autoridades y representantes de La Rinconada y del municipio distrital de Ananea.

El jefe de la División Policial de Juliaca, comandante Julio Torres Tamayo, informó durante la audiencia pública que la comisaría tendrá de manera permanente la presencia de 20 custodios del orden al mando de un capitán de la policía.

Adicionalmente, el centro minero de La Rinconada contará con el apoyo logístico de un destacamento policial y de la actual comisaría distrital de Ananea, las cuales cuentan con más de 50 efectivos policiales.

En tanto, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se encargará de promover acciones conjuntas a fin de reforzar la seguridad y contrarrestar problemas sociales generados por diversas situaciones de informalidad, el alto expendio de alcohol, la prostitución, entre otros.

El comité distrital está conformado por el alcalde distrital de Ananea, Crispín Amanque Rodríguez; el burgomaestre de La Rinconada, Sabino Gonzales; y representantes de la Policía Nacional, Juzgados de Paz, los dirigentes de los llamados “barrios”, los gobernadores y tenientes gobernadores, entre otros.  

Las actividades finalizaron en la víspera con una campaña de atención social, en la participaron equipos de la Dirección de Defensa Nacional del Ministerio del Interior, de la Sanidad de la Policía Nacional, de EsSalud y Cofopri.

La semana pasada se registraron incidentes en La Rinconada, que dejaron tres muertos, 110 viviendas destruidas y 550 personas damnificadas.

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