La falta de una vivienda adecuada para el sector más deprimido de nuestro país es un problema que debe preocupar con miras a la acción tanto a diferentes niveles del gobierno, como a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema. Los hemos llamado “barrios”, “barriadas”, “pueblos jóvenes”, “asentamientos humanos” y desde hace un poco más de una década, de manera genérica: “posesiones informales”.

La sucesión de términos responde a diversos intentos de parte del gobierno de su momento, por regular las invasiones, básicamente a través de políticas de titulación de terrenos. No obstante, si bien puede verse un incremento en la proporción de propietarios entre los habitantes de posesiones informales, lo cual muchas veces va acompañado de acceso al crédito del Sistema Financiero Formal, surge la pregunta ¿por qué sigue habiendo invasiones y por ende, pobreza urbana?

De acuerdo al Programa sobre Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, el Perú se encuentra en el grupo de países del mundo con muy alta incidencia de posesiones urbanas informales, es decir mayor al 60 %. Habitat, define a este tipo de posesiones como áreas residenciales con las siguientes características: a) falta de acceso adecuado al servicio de agua, b) falta de servicio de desagüe, c) inseguridad en la tenencia (es decir, falta de título de poseedor legítimo), d) pobre calidad en la estructura de vivienda (no protege a sus miembros contra las inclemencias del tiempo) y, e) insuficiente área de vivienda (aglomeración). A estos cinco elementos habría que agregar la falta de servicio de electricidad. Así, las posesiones informales terminan siendo un asidero de pobreza urbana, reduciéndose el capital humano de nuestro país cuando, por ejemplo, un niño no tiene acceso a agua limpia ni desagüe, y contrae una enfermedad, y si sobrevive, no tiene los medios suficientes para ir al colegio, o aun cuando asiste, no es capaz de aprender, debido a su malnutrición.

Las posesiones informales surgen en un contexto de explosión urbana y al mismo tiempo, déficit en la oferta de vivienda para un sector de la población. En los hechos, quienes invaden un terreno se convierten en los nuevos proyectistas de la ciudad y hasta “planificadores”, en la medida en que se consolida su posesión (con la titulación y progresiva provisión de servicios básicos e infraestructura), gracias al apoyo o implícita aceptación de parte de autoridades del gobierno, muchas veces a cambio de apoyo popular.

De acuerdo a la legislación nacional vigente (Ley 28687), esto incluye a los denominados asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas de vivienda municipales, centros poblados y toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos, cualquiera sea su denominación, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el Reglamento de Formalización de la Propiedad Informal (D.S. 013-99-MTC).

(2) “Desde el mes de Agosto de 1996 en que se iniciaron las operaciones de formalización hasta el mes de Enero 2007, COFOPRI ha formalizado 2’162,797 lotes provenientes de Lima, Callao, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali. (…) Del total de 2’162,797 lotes, 1’588,471 han culminado el Proceso de Formalización Individual, obteniendo los títulos de propiedad o la regularización de los mismos. De esta manera, las acciones de COFOPRI han beneficiado a una población estimada de 7’150,160 pobladores de posesiones informales, urbanizaciones populares y Programas de Vivienda del Estado a nivel nacional. (…). Del total de lotes con títulos inscritos, 1’331,998 corresponden a propietarios de viviendas en posesiones informales (asentamientos humanos, centros poblados, pueblos tradicionales); 49,289 a propietarios de viviendas en urbanizaciones populares (asociaciones y cooperativas de vivienda); y 207,184 a beneficiados de Programas de Vivienda del Estado…”

En los casos en que el terreno ocupado por la agrupación informal es de propiedad del Estado, pero no disponible (por ejemplo, por estar asignado al uso de una entidad publica), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), entidad encargada de la administración de terrenos de propiedad estatal ha terminado por convertirse en una suerte de “vía previa”, debiendo realizar el procedimiento pertinente (por ejm. desafectación), antes de la titulación ante el organismo competente, COFOPRI. Ello no solo genera burocracia, sino crea la expectativa de parte del ocupante de lote, de que su derecho debe prevalecer frente a cualquier otro.

Anuncios