Denunciados no hacían referencia a temas privados en sus conversaciones. La defensa de León alega la inviolabilidad de las comunicaciones

El juez anticorrupción Jorge Barreto iniciará este viernes la lectura de los correos electrónicos y otros documentos encontrados en el disco duro de la computadora del prófugo Rómulo León Alegría, tras el supuesto caso de tráfico de lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover. En el auto apertorio del juez Barreto dicho magistrado indica que procesa a León Alegría y a otras trece personas basándose en “la doctrina de la ponderación de intereses” y “en la teoría del riesgo”, según las cuales primero se debe velar por los intereses del Estado, más si el individuo cuestionado no supo cuidar las garantías constitucionales que le consagra la Carta Magna y, por tanto, no puede pretender que un juez realice esa labor. Barreto agrega que no se afecta los derechos de los denunciados porque estos no estuvieron hablando sobres sus cosas privadas sino sobre corrupción de funcionarios, y lo que le interesa al Estado es luchar contra ella. Barreto indica que abrió instrucción no porque considere los audios como pruebas lícitas sino que las valora porque la jerarquía de defender los intereses del Estado es superior, más si se hallaron indicios de corrupción. A diferencia de los ‘petro-audios’, los correos electrónicos y otros documentos que se encontraron en el disco duro de la computadora de León Alegría, son pruebas que fueron obtenidas con autorización judicial. El abogado de León Alegría, Luis Roy Freire, señaló que participará en la lectura de los e-mails que hará el juez Barreto, en la que se busca establecer si las 2.000 comunicaciones del ex ministro aprista con familiares, políticos y empresarios fueron adulteradas como se esgrime en su entorno. Roy Freire indicó que la estrategia legal de León Alegría incluye entregar a Barreto y al titular de la Tercera Sala Penal Especial Superior, que dirige el vocal José Neyra, diversos precedentes en los que el Poder Judicial resolvió que los audios grabados clandestinamente no pueden ser admitidos como prueba para procesar por corrupción a una persona. Una de estas resoluciones se refiere a un hábeas corpus que el 28 de setiembre del 2006 emitió la Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel en el que se pone en relieve que la Constitución garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones. El magistrado Neyra debe resolver en los próximos días si cambia el mandato de detención por el de comparecencia que Barreto le impuso a León Alegría tras la difusión de los audios. La resolución del hábeas corpus en cuestión fue sustentada por el titular de dicha sala, vocal Josué Pariona Pastrana, quien sostiene que una prueba es inválida cuando no ha sido recogida con licitud; es decir, sin orden expresa de las autoridades. Dicho hábeas corpus fue presentado por un estudio de abogados en el 2006 en un caso de ‘chuponeo’ que supuestamente involucraba a varios empresarios, el cual fue resuelto por el vocal Pariona trayendo a colación el inciso 10 del artículo II de la Carta Magna en el que se garantiza el secreto de las comunicaciones. CLAVES Darán S/.100 mil por captura de prófugo – El ministro del Interior, Remigio Hernani, anunció anoche, tras la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, que el sector que despacha se compromete otorgar una recompensa de S/.100.000 a la persona que indique o dé indicios del paradero para lograr la captura de Rómulo León Alegría. – Alberto Quimper solicitó la variación del arresto domiciliario por la comparecencia. (fuente el comercio)

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