Tema jurídico, medio complicado, pero aquí lo explicamos para dummies. Involucra a Alan, así que paren la oreja.

EL CONTEXTO

Desde hace varios años, se ha cuestionado las reglas de la Justicia Militar. Todo comenzó porque dicho fuero veía indebidamente casos de derechos humanos – ya se imaginan, para que los militares no desfilen a San Jorge -. Luego, conforme han ido variando las reglas de juego de esta entidad, los cuestionamientos han apuntado, sobre todo, a la independencia de los magistrados, quienes son militares en actividad nombrados por el Presidente de la República. El Tribunal Constitucional ha declarado varias veces las normas de la Justicia Militar como inconstitucionales pero, erre con erre, el Congreso ha insistido en expedir leyes con el mismo contenido violatorio de la Constitución. (Para más sobre el tema, vean los informes de Justicia Viva sobre la materia).

LA REGLA DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS

El artículo 10° de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial señala lo siguiente:

Los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de la Sala Plena, previa evaluación, concurso de méritos y mediante ternas, entre los oficiales en actividad del Cuerpo Jurídico Militar Policial. Son removidos por falta grave. Excepcionalmente, cuando se requiera completar el número de miembros del Tribunal Supremo o de alguna de sus salas, podrán ser nombrados oficiales en retiro del Cuerpo Jurídico Militar Policial por el periodo requerido.

En resumen: Alan nombra entre militares en actividad a los jueces del Tribunal Militar Policial, con tres requisitos: evaluación, concurso de méritos y presentación mediante ternas. No hay excepción alguna para el cumplimiento de las mismas.

EL HALLAZGO: LOS NOMBRAMIENTOS SON NULOS

Un reportaje de Roberto Pereira para Infopública nos comenta el nuevo horror jurídico cometido desde Palacio de Gobierno:

Una respuesta del Tribunal Supremo Militar Policial a un pedido de la Oficina de Acceso a la Información Pública del IPYS ha permitido descubrir que los nombramientos de los vocales y fiscales que componen este organismo son nulos, debido a que no se realizó el concurso de méritos requerido por la Ley para designar a estos funcionarios.

El IPYS solicitó a tres entidades públicas – el Tribunal Supremo Militar Policial, la Secretaría General de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa – copias de las actas del concurso de méritos que dio lugar a la expedición de la Resolución Suprema Nº 558-2008-DE, mediante la cual el Presidente de la República, con el aval del Ministro de Defensa Flores-Aráoz y el entonces Ministro del Interior Remigio Hernani, designó a los vocales y fiscales del Tribunal Supremo Militar Policial. Esta resolución fue publicada en el diario Oficial El Peruano el 25 diciembre del 2008, en plena resaca por las fiestas navideñas.

(…)

El Tribunal Supremo Militar Policial – que, con rapidez castrense, respondió dos días después de presentada la solicitud de información – indicó que resultaba imposible atender el pedido de información, dado que la designación de los mencionados vocales y fiscales obedeció a una situación excepcional prevista en el mencionado artículo 10º de la Ley. Ahora bien, dicha excepción se refiere únicamente a la posibilidad de que el Presidente de la República nombre como vocales y fiscales supremos a oficiales en retiro del Cuerpo Jurídico Militar, únicamente cuando no sea posible completar el Tribunal o alguna de sus salas con miembros dicho cuero en situación de actividad. Esta disposición, dicho sea de paso, resulta infringida ya que la totalidad de los nombrados como vocales y fiscales son oficiales en situación de retiro.

Los otros dos organismos silbaron al techo y no respondieron a los pedidos que IPYS solicitó. Es decir, Luis Nava y Antero Flores – Araoz se hicieron los suecos y fueron los propios jueces castrenses quienes, en un rapto de honestidad, nos hicieron saber que sus nombramientos eran nulos.

LA CONSECUENCIA

Si un acto es nulo en derecho, es como si no hubiera existido. Por tanto, lo que debería hacer Alan en el acto es firmar un Decreto Supremo en el que deje sin efecto los mismos. Y claro, esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie – again – sobre la inconstitucionalidad de las normas sobre la justicia militar, o, en su defecto, proceder con lo que dice la norma.

Como vemos, un papelón presidencial puesto en evidencia gracias al acceso a la información pública.

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