Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized

Conforme han ido transcurriendo los días, hemos ido conociendo la difícil situación de los soldados que van al VRAE a combatir a los remanentes de Sendero Luminoso que son aliados del narcotráfico.

Al hecho que la FAP rechazó el contrato para blindar helicópteros negociado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se suma una situación aún más penosa. Informa Perú.21:

La Contraloría habría hallado presuntas irregularidades en la adquisición de raciones alimenticias para las tropas del Ejército acantonadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

La denuncia, según el programa Hildebrandt a las 10, involucra a la empresa Prolac S.A., de los hermanos David y Javier Arévalo López, que habría obtenido la buena pro en adquisiciones de menor cuantía para abastecer con 25 mil raciones al Ejército por un millón de soles.

Lo grave, según la denuncia, es que a los soldados se les habría disminuido las raciones alimenticias quitándoles, por ejemplo, 100 gramos de jamonada y reduciéndoles el papel higiénico de dos metros a 1.30 metros.

“Todo esto significa una diferencia de 100 mil soles que va en contra de nuestros soldados y en favor de alguien que se está beneficiando”, manifestó el parlamentario Renzo Reggiardo, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y que indagará esta situación.

Además, el programa presentó raciones que tenían fecha vencida.

Sin duda, este caso no solo merece una investigación de la Contraloría, sino también una explicación clara del Ministerio de Defensa. En lugar de blindar a aquellos militares que violaron derechos humanos en el pasado, el Ministro Rafael Rey debería estar sumamente preocupado en que la lógistica más elemental – estamos hablando de lo básico para sobrevivir, el alimento – llegue a los oficiales y suboficiales que van a arriesgar sus vidas en la zona más peligrosa del país.  Hace algunos meses, se creó una Defensoría Militar, para que los derechos de los ciudadanos con uniforme puedan ser defendidos. ¿Funciona realmente?

Más allá de la cháchara de los políticos diciendo “hay que defender y proteger a las Fuerzas Armadas”, la verdad es que requieren acciones que mejoren su situación y por ello hay que ser críticos cuando haya que serlo, como en este caso. No se puede caer en los extremos de un diario que señaló en su editorial del domingo que no había que criticar al Ministro de Defensa.

Otro hecho de estos días también indigna. Este fue recogido por La Primera:

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el vocal Robinson Gonzales, anuló la sentencia de la Sala Penal Nacional, que condenó en enero pasado a 20 años de prisión al marino Andrés Egocheaga, por el cruel asesinato del menor Indalecio Pomatanta.

La relatora de la Sala Penal Permanente, Susana Vera, confirmó la información a los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL). Con este fallo, el proceso retornará a fojas cero y deberá iniciarse un nuevo juicio contra Egocheaga, pese a que la defensa de la familia Pomatanta demostró durante el juicio que el marino comandó el 2 de abril de 1995 la operación militar en la que Indalecio Pomatanta, de 17 años de edad, fue detenido, torturado, rociado con gasolina y quemado vivo.

Esta noticia es preocupante, dado que ya se había alertado de un inaudito dictámen fiscal y de las presiones de algunos miembros de la Marina de Guerra para dejar en la impunidad este caso.

Como vemos, cuando hablamos de conflicto, de enfrentar al narcotráfico, de defender los derechos humanos, el Perú no avanza.

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