(ANDINA).- Expertos nacionales y extranjeros discutieron sobre los diferentes obstáculos en la investigación y procesamiento del delito de lavado de activos, en la sede la Corte Superior de Justicia del Callao.

Las diversas exposiciones, realizadas durante el Taller Internacional de Capacitación “Hacia mejores estrategias para luchar contra el lavado de activos”, permitieron conocer las diversas experiencias ocurridas en Colombia y en el Perú.

En la reunión, organizada por la Corte Superior del Callao y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), participaron magistrados, fiscales, abogados, efectivos policiales y representantes de los colegios profesionales del primer puerto.

El titular de este distrito judicial, César Hinostroza Pariachi, señaló que en las leyes penales que tipifican el delito de lavado de activos, se suprime la frase “u otros similares” del artículo N° 6 de la Ley 27765 (modificado por el D.L. 986) “por ser un riesgo para el principio de legalidad”.

Por su parte, la fiscal provincial Antidrogas, Edith Hernández Miranda propuso identificar nuevas tipologías de este delito, promover el intercambio de información entre los servicios tácticos de investigación y sobre los beneficios por colaboración eficaz.

Entre los ponentes también participaron integrantes de la DINANDRO, analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF).

Así como los expertos colombianos Luis Daza Giraldo, ex sub-director de análisis de operaciones de la Unidad de Información y análisis Financiero de Colombia y la fiscal especializada Marcia Elena Rodríguez, de la Unidad Nacional para el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación de dicho país.

Modalidades

Durante el Taller se informó que, según el estudio de investigación sobre tipologías regionales elaborado por el Grupo de Acción Financiera Sudamérica (GAFISUD), se han identificado hasta 26 modalidades de lavado de activos.

Las más comunes, refiere la información, son la exportación de bienes y servicios ficticios, inversión extranjera ficticia en empresas locales, transferencia fraccionada de dinero ilícito a través de giros internacionales, el uso de empresas fachadas.

Así también, la utilización de productos financieros, inversión y de compañías de seguros, compra de “premios” por la organización delictiva, declaración de premio ficticio en el exterior, corrupción o extorsión telefónica, empresas pirámide, entre otros.

Además han aparecido nuevas modalidades que no aún no se han considerado como tipologías en las legislaciones de los países del orbe.

A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de nuestro país ha reportado más de 300 casos que ya están siguiendo proceso judicial.

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