Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized

1. La importancia de una Ley de Carrera Judicial:

La norma más importante expedida por este Congreso señala de modo claro lo siguiente:

Artículo 40°.- Está prohibido a los jueces: (…)

2. Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o a favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en el caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado.

Complicando aún más la suerte de los vocales Távara y Solis, tenemos, entre las faltas consideradas como muy graves la siguiente:

Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional.

Ello nos lleva a sostener que el controvertido viaje a Paris de los vocales – complicado aún más con el poco conocimiento de la materia de sus conferencias en Francia, de acuerdo con un testigo presencial – debe ameritar una sanción drástica por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Cabe recordar que la existencia de una Ley de Carrera Judicial fue propuesta en el Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia, propuesto por la CERIAJUS, ente creado para proponer una reforma integral del sistema de justicia. Como que convendría que todas las instancias del Estado revisen dicho documento para implementarlo en su totalidad.

2. La necesidad de investigar a la Universidad Alas Peruanas:

Como lo ha recordado el diario El Comercio, este centro de estudios nació con serias fallas de origen y, sobre todo, de nivel académico, hecho que hizo que apelara al Poder Judicial para poder operar en el modo que lo hace hasta el día de hoy.  Para nadie es un secreto que esta universidad ha complicado su situación con la creación de filiales en todo el país, de la misma calidad que su casa matriz. Ello amén de los vínculos que tuvieron con el oscuro gobierno de la década pasada.

De allí que sea pasible de investigación un centro de estudios con estos antecedentes y que, además, ha procurado tejer conexiones importantes con congresistas, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces con viajes, celebraciones y doctorados honoris causa.

El manejo de la ANR en este caso ha sido nulo. Por el contrario, como comenta Ernesto de la Jara, ha sido gracias a este organismo que ha conseguido buena parte de su influencia:

Más si se sabe que, por una u otra razón, la universidad Alas Peruanas tiene mucho peso en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), entidad que toma decisiones tan importantes, como es la elección de los representantes de las universidades publicas y privadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano que nada menos elije a todos los jueces y fiscales, los ratifica (o no) cada 7 años y hasta los puede destituir. Prueba de dicho peso es que la última vez que la ANR nombró a sus delegados ante el CNM salieron elegidos los dos candidatos presentados por la referida universidad, sin importar que se trataban de un ingeniero agrónomo y un biólogo (cuando, de acuerdo al espíritu de la ley, deberían ser abogados), los que, encima, acababan de dejar de ser presidente y vicepresidente del mismo ente elector, es decir, de la ANR.

Alas Peruanas pudo así imponer a sus candidatos, valiéndose de la poca transparencia con la que se realizaron estas elecciones, pese a su importancia, mientras que universidades como San Marcos o Católica resultaron derrotadas, pese a que presentaron candidatos de mejor calidad.

Esperamos que el escándalo en que se ha visto involucrada la Universidad Alas Peruanas, impida que vuelva a imponer a sus candidatos en las nuevas elecciones que muy pronto se realizarán para elegir de nuevo a los dos representantes de las universidades ente el CNM, algo que se veía venir hasta que se descubrió el asunto de los jueces y congresistas viajeros.

Punto aparte lo constituyen los congresistas Edgar Nuñez y Wilder Calderón. El primero de los nombrados, como reveló ayer La República, le alquila a la UAP dos locales en Ica, lo que es curioso dado  que es vicerector de dicha universidad en la mencionada región. Mientras que el segundo, de acuerdo con la información proporcionada por Perú.21, presenta en la Comisión de Educación proyectos para beneficiar a Alas Peruanas, de la que es asesor hace 12 años, como a la Universidad Simón Bolívar, de la que es propietario.  Si a esto no le llamamos conflicto de intereses, no sabemos a que conducta denominar como tal.

3. La necesidad de una nueva Ley Universitaria:

Todo este desorden universitario se ha visto avalado por el Decreto Legislativo 882, una de las normas más perniciosas para la educación peruana, expedida por el gobierno de Alberto Fujimori. Si bien el fin de promover la inversión privada en educación podía ser comprensible, bajo el supuesto que se debía incrementar la calidad educativa, lo cierto es que, salvo honrosas y escasas excepciones, las universidades creadas al amparo de esta norma no reúnen los estándares de calidad que se dignen de llamarlas como tales. A esta norma se le suman, en sus defectos que inciden en la calidad de la educación, otras normas sobre la creación de universidades y de filiales.

En un estudio sobre la enseñanza del derecho en el Perú, Luis Pásara reseña estos defectos:

La legislación vigente establece una diferenciación marcada entre aquellas universidades que, en el lenguaje de las autoridades, se llaman “institucionalizadas” y aquellas otras que están bajo un régimen transitorio. Las primeras fueron creadas por ley antes de 1995 o han sido incorporadas luego de pasar por el régimen transitorio, y sus rectores integran la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En 2003 sumaban 58 universidades, de las cuales algo más de la mitad (30) eran privadas. No están sujetas a evaluación externa, de modo que la identificación de sus posibles deficiencias y la adopción de los remedios consiguientes quedan a cargo de la propia institución, salvo el caso de que se produzcan graves irregularidades en ellas, que ameriten la intervención de la ANR, según dispone la ley 27433.

Las segundas provienen del sistema establecido por la ley 26439 en 1995, pueden ser públicas o privadas y haber sido creadas por ley o por iniciativa privada. En 2003 sumaban 21 universidades, de las cuales sólo cinco eran públicas. En esta categoría, trátese de universidades creadas por ley o de las promovidas por iniciativa privada, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) es responsable de otorgar un visto bueno a los proyectos de creación de la universidad que, una vez en funciones, estará bajo el mecanismo de evaluación a cargo del propio CONAFU, hasta que este organismo emita la autorización definitiva de funcionamiento. Mientras dure su “funcionamiento provisional”, el CONAFU, órgano autónomo de la ANR, la universidad se encuentra sujeta a una evaluación hasta por cinco años, a lo largo de los cuales, el CONAFU ordenará su cierre o, concluido tal plazo, le otorgará “autorizará de funcionamiento definitivo”. Asimismo, durante ese periodo, el CONAFU puede “autorizar, denegar, ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas” (art. 2º). Una vez alcanzada la autorización de funcionamiento definitivo, la respectiva universidad se convierte en “institucionalizada” y pasa al régimen de las primeras.

Aunque a la primera categoría ya han accedido varias de las universidades privadas, constituidas bajo las normas del Decreto Legislativo 882, expedido en noviembre de 1996, encaminadas a promover la inversión privada en la educación –que establece el derecho “de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”–, un sector de ellas permanece aún en la segunda categoría.

De acuerdo al régimen del CONAFU, vigente desde 1995, para otorgar la autorización provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad promotora debe acreditar, entre otros elementos, “conveniencia regional y nacional, sustentada en un estudio de mercado de las especialidades que se proponga crear”, “disponibilidad de personal docente calificado”, “infraestructura física adecuada”, y “servicios académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines)” (Ley 26439, art. 7º). La impresión recabada de informantes que reclamaron el anonimato sugiere que la acreditación de algunos de estos requisitos en los hechos no ha sido rigurosa; este señalamiento parece ser confirmado por el caso de aquellas universidades creadas con el objetivo de ofrecer la carrera de derecho, respecto de la cual difícilmente podría demostrarse en el país, desde hace muchos años, mediante “un estudio de mercado” la conveniencia de su expansión. Las visitas efectuadas por el equipo de trabajo de este estudio verificó que en varias universidades no se cumplían en modo alguno varios de los requisitos prescritos por la ley. Un informante sostuvo que existen “plantillas” para presentar proyectos de creación de universidades y que la tramitación de los mismos es, en ciertos casos, irregular. En particular, el Dr. Róger Guerra-García declaró públicamente haber “renunciado [al CONAFU] por disconformidad con la autorización como universidades de instituciones que benévolamente corresponderían al mando medio; y que no cumplían con la opinión que por ley debe ser requerida a la ANR y también a los colegios profesionales” (…)

Según información de la ANR, hasta mayo de 2004 se había autorizado el funcionamiento de nueve filiales universitarias en las que funcionaba la carrera en derecho. Sin embargo, se constató que, cuando menos, en el país existía un total de 28 filiales que ofrecían la carrera de derecho.

Soy de los que piensa que no todos los cambios se lograrán con Leyes, pero en este caso, cabe reconocer que las normas actuales sobre la Universidad Peruana han llevado, salvo excepciones, a su colapso. Debemos ir hacia una norma moderna, que potencie a la universidad pública, la investigación en todas sus instancias, coadyuve a mejorar la calidad académica, cierre las filiales, y, en el caso de las universidades privadas – sin importar la forma que tengan, asociación o empresa – tengan estándares de calidad que las digne de llamarse tales.  Ello también implica la creación de una institucionalidad nueva, que cumpla con el rol promotor, regulador y de fiscalización de la universidad del cual el Estado ha claudicado en nombre de un mal uso de la autonomía universitaria.

Como diría Vallejo, hay hermanos mucho por hacer. ¿Comenzaremos un lunes cualquiera, Zavalita?

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