JUEZ CON GRAVES ACUSACIONES DE LA OCMA SERÍA REPUESTO

El sospechoso incremento patrimonial que en los últimos años registró el juez civil del Cono Este, Édgar Vizcarra Pacheco, suscitó que el año pasado la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) haya iniciado una investigación para determinar la procedencia de los bienes declarados por el magistrado, que en la actualidad ascienden a más de un millón de soles. 

 

Sin embargo, pese a que el órgano de control concluyó que con su actuar Vizcarra “comprometió negativamente la dignidad del cargo”, éste solo recibió una medida disciplinaria de suspensión por seis meses. Con esta benévola sanción Vizcarra podría regresar, como si nada al juzgado a fin de que continúe con sus controversiales labores.

 

Cabe recordar que la denuncia fue formulada inicialmente ante la Fiscal de la Nación y ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la “Asociación Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos” (UCONA).

 

Dicha asociación, presidida por el abogado Heriberto Benítez, acusó al mencionado juez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las razones: un evidente desbalance patrimonial y los signos de riqueza no justificados.

 

La investigación estuvo a cargo de la jueza contralora de primera instancia, Karinna Holgado, quien solicitó información oficial sobre los bienes que, en los últimos años, habría adquirido el juez Vizcarra.

 

Holgado resolvió, el 29 de octubre, que “las inconductas funcionales que han dado origen al presente procedimiento disciplinario tienen directa relación con los hallazgos precisados”.

 

En la resolución de esa fecha, se consigna en detalle los rubros de las declaraciones juradas de Vizcarra Pacheco desde el año 2006 al 2009. Y la jueza encontró un incremento del patrimonio del investigado.

 

Al encontrar estos indicios, la magistrada solicitó al juez que explique documentalmente los montos que evidenciaban el notorio desbalance.

 

Vizcarra Pacheco intentó justificar el asombroso incremento patrimonial descubierto, pero la jueza Holgado no quedó satisfecha, ya que, según sus conclusiones, Vizcarra no justificó debidamente los siguientes montos: S/.235, 000 en el año 2006, S/.253, 000 en el 2007, S/.576, 250 en el 2008 y S/.367, 000 en el año 2009.

 

El juez Vizcarra apeló y ello obligó a que se realicen nuevas investigaciones que involucraron a sus familiares más cercanos (esposa e hijos).

 

EXTRAÑA COMPRA

 

Un hecho que sorprende fue la compra de una propiedad en la avenida Alfredo León 114, Miraflores, por US$75,000.  Lo extraño es que la compra la realiza su hijo Eduardo, pero con dinero donado por su madre, Hilda Guillén, quien luego recibe de su hijo el usufructo de por vida del inmueble.

 

Ante esto, el cuestionado juez se defendió audazmente de la siguiente manera: “(…) el usufructo lo ha otorgado su propietario Eduardo Vizcarra (hijo) a favor de su señora madre (…) y en tal condición, el magistrado recurrente no está obligado a declarar propiedad ajena, la misma que ha sido pagada y donada con el fruto del trabajo profesional de mi señora esposa”.

 

Luego, en segunda instancia, el magistrado Rubén Durán hizo un análisis detallado que hizo que Vizcarra Pacheco fuera suspendido el 29 de diciembre de 2009, mientras duraba la investigación.

 

El juez Durán, concluyó además que existen graves irregularidades. Menciona que Vizcarra no justificó documentadamente los signos exteriores de riqueza que se evidenciaron en la investigación preliminar, que no presentó declaración cuando varió significativamente sus bienes, que sus declaraciones juradas del 2006 al 2009 carecen de datos fidedignos y que ocultó ingresos económicos provenientes de inversiones en la Bolsa de Valores de Lima.

 

INFORME CONTUNDENTE

 

Durán señaló además en su “Informe de Procedimiento Disciplinario”, remitido el 30 de setiembre de 2010, a la OCMA; lo siguiente: “(…) el magistrado Vizcarra Pacheco quebrantó sucesivamente sus deberes impuestos en su condición de magistrado (…) lo cual es sumamente grave si se tiene en cuenta que en su condición de juez debe impartir justicia y como tal debe ser modelo de respeto del ordenamiento jurídico, lo cual en términos reales no cumplía”.

 

El informe continúa así: “Con dicho actuar afecta la confianza de la ciudadanía hacia él como magistrado del Poder Judicial, pues si como juez no ha respetado las leyes especiales de la materia, que han dado origen al presente procedimiento disciplinario, ha comprometido negativamente la dignidad del cargo y desmerece ante tales circunstancias la función jurisdiccional que se le ha encomendado; pues habiendo incurrido en tales inconductas funcionales, cómo podría imponer sanción a un ciudadano por incumplir la ley u obligar a este a cumplir las leyes, si él no lo ha cumplido en un determinado contexto normativo, como es el precisado en el presente caso”.

 

De acuerdo la Ley de Carrera Judicial, esta falta es considerada por el magistrado como “muy grave”. Bajo los alcances de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sanción corresponde a una suspensión de mínimo cuatro meses y máximo seis meses o destitución.

 

A pesar de los calificativos tan duros utilizados en su informe, el magistrado Rubén Durán opinó, increíblemente, que se debe aplicar solo una suspensión de seis meses al juez Vizcarra Pacheco.

 

Es decir, para Durán, un juez que “quebrantó sucesivamente sus deberes”, cuya conducta califica de “sumamente grave”, a quien considera que no ha cumplido con ser un “modelo de respeto del ordenamiento jurídico”, que ha “afectado la confianza de la ciudadanía”, que “no ha respetado las leyes” y “ha comprometido negativamente la dignidad del cargo” solo merece seis meses de suspensión.

 

Investigación de la Revista Juez Justo

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