Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized

Es un primer paso, pero vale la pena resaltarlo. Vía La República:

El juez Segismundo León Velasco rechazó la pretensión del ex ministro Agustín Mantilla Campos de sustraerse del proceso como autor mediato de cinco crímenes perpetrados por el Comando Rodrigo Franco (CRF), organización paramilitar constituida por miembros civiles de la seguridad personal del ex líder aprista y efectivos de la policía antiterrorista durante el primer régimen de Alan García (1990-1995).

Después que se cumplieron 20 años del homicidio del dirigente minero Saúl Cantoral Benavides y su pareja Consuelo García Santa Cruz, el 13 de febrero de 1989, la defensa de Mantilla interpuso una acción alegando que a este se le atribuyen delitos que ya prescribieron, y que en consecuencia el proceso que se le ha abierto debe extinguirse.

El magistrado León, quien dirige la investigación judicial ampliatoria sobre el caso del CRF, desestimó el requerimiento que Mantilla interpuso sustentándose en que se le acusa al ex ministro del Interior aprista como autor mediato de los delitos de secuestro y homicidio calificado con gran crueldad. Ambas imputaciones, de acuerdo con la resolución judicial a la que tuvo acceso La República, según jurisprudencia nacional y los tratados internacionales, son delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.

Gran revuelo va a causar esta decisión si es confirmada. Como lo reconoció el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, la jurisprudencia mayoritaria sobre este tema se decanta por esta interpretación, pero la ambiguedad del PJ  y del TC en el caso El Frontón (y que implicó un sanción para algunos magistrados) supuso un grave retroceso en esta materia. De allí la importancia del precedente.

Pero también lo es por lo obvio. Se trata de un caso vinculado directamente con acciones delictivas aparentemente ejecutadas por ordenes de un funcionario de alta confianza del actual Presidente de la República, en su primer periodo. Cierto es también que no hay evidencia, hasta el momento, que implique a Alan García en estos hechos, pero nuevamente las sombras sobre sus desaciertos en política antisubversiva se vuelven a sentir.

Para los memoriosos, recomiendo leer un post de hace un par de años en donde explico las dos hipótesis sobre el Comando: un grupo conformado por militantes apristas para realizar labores de inteligencia y ejecuciones extrajudiciales (CVR) o un membrete que, además de denominar a un grupo de contrainteligencia operativa de miembros del APRA, fue usado por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, sin relación entre sí, pero con los mismos objetivos y acciones planteados por los creadores del Comando (Ricardo Uceda en Muerte en el Pentagonito).

De otro lado, en este gobierno se dieron algunas cosas bastante raras respecto al Comando. De un lado, algunos presuntos miembros del mismo trabajaron en despachos de parlamentarios del APRA. El presunto jefe operativo del comando, Jesus “Chito” Ríos, estuvo una temporada en Cajamarca, aparentemente amedrentando autoridades opuestas a la actividad minera (ojo que Chito estuvo en la campaña regional del 2006 por esos lares). De otro lado, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su sentencia en el caso Saul Cantoral (atribuido al Comando), el gobierno peruano pidió una interpretación del fallo, dado que la Corte IDH señaló que la tesis más probable era que el crimen era responsabilidad de agentes estatales. La Corte, en su sentencia de interpretación, rechazó la pretensión del gobierno de García. Ello amen de los posibles vínculos del Comando con la familia de la Ministra de la Mujer, Nidia Vilchez.

Deslindes importantes del gobierno y decisiones claves en el Poder Judicial es lo que se espera para los siguientes meses.

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